Por segunda vez en el año, el estudiantado y personal docente y administrativo de las universidades públicas bolivianas está en emergencia y amenaza con iniciar movilizaciones en todas las capitales del país en demanda, como es habitual, de “respeto a la autonomía universitaria” y, de paso, aumento en el presupuesto. Para el Gobierno, el pedido es inatendible.
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En efecto, la Conferencia Nacional de Universidades resolvió la semana pasada iniciar desde ayer un cronograma de movilizaciones que incluirá mítines y una marcha hacia La Paz en demanda del respeto a la autonomía; incremento del 15% a los presupuestos académicos y en el tope salarial de los docentes. Las únicas que no participarán de esas movilizaciones son la Universidad Técnica del Beni y la Nacional Siglo XX, que lograron acuerdos con el Gobierno.
Respecto a la demanda sobre la autonomía universitaria, cuesta entender a qué se refieren los movilizados, pues, hasta donde se sabe, no hubo ataques a la autodeterminación de las casas de estudios superiores y, por el contrario, hay un renovado interés en alentar la formación universitaria de los recursos humanos del país, tal y como se ha comentado en diversas ocasiones en este mismo espacio.
Respecto a las otras demandas, que en realidad son la misma pero con diferentes beneficiarios, es decir un incremento de hasta el 15% en el techo salarial de docentes y administrativos, el Ministro de Economía y Finanzas reveló que un rector gana exactamente un boliviano menos que el Presidente del Estado, y que hay asistentes administrativos con salarios superiores al del Vicepresidente. Ciertamente deben ser excepciones, pero sirven para poner en cuestión la necesidad o no de modificar las escalas salariales, que por otra parte corresponden a las decisiones que cada Consejo Universitario debe tomar en el marco de su gestión autónoma.
El sistema universitario recibe recursos por coparticipación tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y subvención ordinaria. En 2005 recibió Bs 1.203 millones, mientras que en 2011 la cifra llegó a Bs 2.698 millones. Según el Ministerio de Economía, las universidades tienen acumulados en sus cuentas Bs 2.034 millones, recursos que no fueron ejecutados, incluso a pesar de que el 40% de los ingresos propios se destina al pago de salarios.
Hay, pues, razones para desconfiar de la movilización de las universidades, que no logran ocultar sus debilidades de gestión ni logran equiparar su excelencia académica (con honrosas excepciones) con su capacidad de movilización y protesta, o con el tamaño de su presupuesto. Por eso, es deseable que antes de llegar a las medidas de presión, los movilizados se avengan a dialogar con el Gobierno y lleguen a acuerdos en los que prime el interés académico antes que el político.
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