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10 de septiembre de 2012

Manifiesto contra la corrupción

La universidad boliviana, pública y autónoma, soportó el miércoles 22 de agosto una de las peores escenas de su historia reciente. La División de Corrupción Pública de la Policía aprehendía aquel día al Director Administrativo Financiero (DAF) de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) porque encontró 17.000 bolivianos de una coima, aseguran los fiscales, en el escritorio de tal funcionario.

El hecho ocurrió justo nueve días antes de que se cumpliera el plazo –el 31 de agosto– que la VI Conferencia Nacional Ordinaria de la Universidad Boliviana le había otorgado al Gobierno para que honrara el convenio interinstitucional suscrito el 13 de mayo, cuyo contenido está relacionado con la abrogación de los artículos de leyes y decretos que vulneran la autonomía universitaria, el presupuesto universitario y el tope salarial establecido por la Ley Financial, entre otros temas.

Con información extraída de los medios de comunicación, ésta es la relación de hechos. Después de una licitación pública, en mayo de 2012 la UPEA y la Empresa Lesu suscriben un contrato por 595.500 bolivianos para la provisión y adquisición de equipos de laboratorio de Física, Química y Electrónica. Hasta antes del 22 de agosto, Lesu entrega los equipos.


Corresponde que el DAF de la UPEA pague (¿el saldo?). Los investigadores informan que el DAF retiene un cheque condicionando a la empresa a desembolsar una “comisión” del 15 por ciento, que después disminuye a 10 por ciento. Entonces, Lesu denuncia al DAF por “extorsión”. El 22 de agosto, el Ministerio Público y la Felcc, en coordinación con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, aprehenden al DAF de la UPEA.

Encuentran 17 mil bolivianos en su escritorio. Un policía de la División Anticorrupción manifiesta que, para evitar que el funcionario eluda su responsabilidad, le muestran fotocopias de los billetes, cuyas series coinciden con el dinero. Un día después, la fiscalía imputa al DAF por cuatro delitos: uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, cohecho activo y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

La escena de los fajos de billetes sobre el escritorio del DAF, la imagen de este funcionario interino saliendo con la cabeza gacha de la UPEA y el rostro desencajado del ahora exrector intentando hilvanar una explicación creíble quedan en la conciencia del público. Los bolivianos deben saber, sin embargo, que cada una de las universidades del sistema estatal boliviano tiene su propia dinámica interna y una particular manera de ser. No es posible reunirlas a todas bajo la sombra del incidente de la UPEA.

En este contexto hay que comprender el “Manifiesto Público contra la Corrupción” de la XXI Conferencia Nacional Extraordinaria de la Universidad Boliviana Pública y Autónoma, cuyo primer acápite dice: “Rechazamos categóricamente todo tipo de corrupción en cualquier esfera del ámbito universitario, puesto que este tipo de actitudes destruye la institución dando el pretexto a los circunstanciales gobernantes de inmiscuirse en el Sistema Universitario, vulnerando el sagrado principio de la Autonomía Universitaria”.

La universidad pública sabe que tiene la obligación de hacer transparentes todas sus acciones ante la sociedad. Además de los mecanismos de control interno de los que ya dispone, necesita que sus autoridades generen un clima institucional que, amparado en los principios de libertad de pensamiento y de expresión, aliente la denuncia, la investigación y la condena de los docentes, estudiantes o administrativos que conculquen la autonomía cometiendo delitos.

8/09/2012

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