El sistema universitario de Bolivia denunció ayer que el Gobierno inició una “persecución” a los docentes y estudiantes con la aprobación de normativas que vulneran la autonomía universitaria. Por lo mismo, este y otros temas son analizados en la XXIII Conferencia Extraordinaria que inició ayer en Cochabamba y que concluirá hoy con la determinación de movilizaciones.
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| Autoridades universitarias reunidas, ayer |
Entre las normativas que afectan a las universidades está la Ley Financial, que fija un tope de 15 mil bolivianos en el salario en los trabajadores públicos del país; consecuentemente todos los docentes que desde el 2008 percibieron por encima de ese monto, deben devolver al Estado los excedentes.
“Nos está perjudicando notablemente (…), nuestros docentes se están alejando de las universidades para trabajar en otros lugares y lo peor es que estamos reviviendo notas de la Contraloría en las que nos está obligando y exigiendo devolver aquellos montos que el docente ganó trabajando”, dijo el secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Eduardo Cortez.
Después de varias reuniones con el Ministerio de Economía, se logró consensuar dos propuestas que aún son analizadas: una se refiere a que el Presidente de Estado debe incrementar su salario; y la segunda, es que las universidades deben quedar exentas de la normativa.
El rector de San Simón (UMSS), Lucio Gonzales, dijo que en vulneración de la autonomía la Dirección de Impuestos exigió emitir facturas por los cursos que imparten.
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