Amnistía Internacional pidió el miércoles a Pakistán que proteja a la pequeña cristiana acusada de quemar páginas donde estaban inscritos versículos del Corán y que reforme la ley que prevé hasta la pena de muerte para los casos de blasfemia.
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Una menor de edad pakistaní con discapacidad intelectual fue
encarcelada en una cárcel de adultos acusada de blasfemia
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Rimsha, de entre 10 y 16 años y discapacidad intelectual según ciertas fuentes, fue detenida el jueves pasado en su barrio pobre de la capital Islamabad luego de que musulmanes furiosos reclamaron que fuera castigada.
Este asunto muestra "le erosión del Estado de derecho" en Pakistán, y los graves peligros que amenazan a cualquier persona acusada de blasfemia, subrayó en un comunicado Polly Truscott, directora de Amnistía Internacional para Asia.
"Amnistía Internacional está muy preocupada por la seguridad de Rimsha", agregó, recordando que "en un pasado reciente, fueron asesinadas personas acusadas de blasfemia".
La ley paquistaní sobre la blasfemia, que prevé hasta la pena de muerte para las personas reconocidas culpables de injuriar el islam, es a veces acusada de estar instrumentalizada para solucionar conflictos personales.
El presidente Asif Ali Zardari asumió el caso de Rimsha al solicitar al ministerio del Interior que presente un informe sobre este caso.
Truscott saludó este anuncio, que parece garantizar al menos temporalmente la seguridad de la joven, al mismo tiempo que advertía que se "requiere hacer más esfuerzos para reformar la ley sobre la blasfemia y asegurar que no sea utilizada de manera maligna para solucionar conflictos o facilitar que la población se haga justicia por sus propios medios".
Estados Unidos, Francia y Londres se conmovieron en los últimos días por la suerte de Rimsha.
Los países occidentales se preocupan cada vez más por el aumento de la intolerancia religiosa en Pakistán, en especial desde los asesinatos el año pasado de un gobernador provincial y de un secretario de Estado cristiano favorables a una modificación de esta ley.
AFP
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