La Autonomía Universitaria
El presidente Evo Morales hace unos días lanzó un furibundo mensaje en sentido de que se alegraba de no haber ingresado a la Universidad, con el criterio de que de allí no se sale sino con ideas contrarias a una convivencia social, y que quienes son producto de ese claustro no interpretarían las necesidades del pueblo, con lo que se entiende que estaba demostrando un menosprecio a la “intelligentzia” y al “academismo”, pese a que en su entorno existen supuestamente ciudadanos que fueron a las aulas universitarias, no solamente para lograr su formación profesional, sino adquirir conocimientos y ponerlos al servicio de la ciudadanía.
Fui formado en la Universidad Mayor de San Andrés y le debo mucho a esta Alma Mater, pero también al pueblo porque, a través de una parte del pago de sus impuestos, logré adquirir una profesión que la he puesto y la pondré siempre al servicio del pueblo y del país, constituyendo de por sí una obligación de mi parte. Esa obligación la tenemos todos los bolivianos que, con mucho esfuerzo y sacrificio, obtuvimos un título profesional que nadie puede desconocer ni estigmatizar.
Por ello me atrevo a observar la conducta del gobierno del presidente Evo, que pretende iniciar una estrategia de desconocimiento de la conquista de la Autonomía Universitaria, que fue producto de muchas luchas del estudiantado boliviano que, contagiado por la rebelión de los universitarios en Córdova (República Argentina), allá por el año 1928, logró finalmente la consecución de la misma mediante el Referéndum de 11 de enero de 1931, incorporando dicha conquista en la reforma constitucional de esa época.
La Autonomía Universitaria consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades académicas, personal docente y administrativo, conforme a su propia Ley Fundamental. Y así se inicio el reconocimiento y respeto a la Autonomía Universitaria que, lejos de ser obstruida, se la consolidó durante varias reformas constitucionales, e inclusive la actual Carta Constitucional, cuyo Art. 92 es copia fiel de las anteriores normas constitucionales.
Esto quiere decir que ningún órgano del Estado, por muy legítima que sea su elección, tiene el derecho o la potestad de desconocer esa realidad, tal como se ha estado pretendiendo al presente.
Es que el Gobierno, seguramente sin darse cuenta, incurrió en el craso error de desconocimiento de la docencia asistencial en el área de la medicina, al haber dictado aquel Decreto Supremo 1.126. En una anterior nota de contenido crítico demostramos la inconstitucionalidad del mismo y obviamente su inaplicabilidad, lo que significaba a todas luces una violación de la Autonomía Universitaria. Así se entiende la necesidad de disponer la inmediata ABROGACION de aquel decreto, de modo que los médicos y los estudiantes de medicina de todo el país no tengan argumento para continuar con las marchas.
Pero no solamente es ese error gubernamental el que conspira contra la Autonomía Universitaria, sino también el hecho de que en la Ley Financial se tiene normas de evidente menosprecio a esa autonomía, lo que de la misma manera determinó que se llegue al extremo de desconocer el acuerdo al que había arribado el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con el gobierno del presidente Evo, situación que determinó una suerte de desconocimiento de los ejecutivos de esta institución.
Es importante señalar la obligación de respeto a la Constitución, tanto de gobernantes como de gobernados, y peor aún de quienes se endilga haber sido los progenitores de la actual Carta Constitucional, que llegan al extremo de violarla.
(El ejercicio del poder corrompe, y su sometimiento degrada).
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