Las casas de estudios superiores iniciarán protestas a nivel nacional contra dos artículos de la Ley Financial. La COB y salubristas e indígenas del TIPNIS siguen con sus medidas.
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| Las demandas y cuadro de situaciones por sectores Infografía: La Razón |
Las universidades estatales inician movilizaciones hoy en todo el país, con lo que suman cuatro los sectores sociales que protagonizan marchas y bloqueos en demanda de la atención del oficialismo, el cual reitera su intención de dialogar.
Los otros tres sectores que están movilizados son la Central Obrera Boliviana (COB), médicos y trabajadores en salud y los indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure).
El Ejecutivo ha intentado resolver los conflictos con la aprobación de normas, como el incremento salarial para los trabajadores, y la suspensión de otras, como el Decreto 1126 de las ocho horas para salud, pero estas determinaciones han sido rechazadas. Por lo que insistirá en el diálogo, según la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. “La política del Gobierno es dialogar, conversar y ver cómo se pueden solucionar los conflictos”, dijo ayer a La Razón al realizar un análisis de los conflictos.
Los estudiantes, docentes y administrativos de las casas de estudios superiores serán los nuevos actores de los conflictos. En Cochabamba, la Conferencia Extraordinaria del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) determinó iniciar un paro nacional indefinido desde hoy en demanda de la abrogación de dos artículos de la Ley Financial, los cuales, en su criterio, ponen en riesgo la autonomía y soberanía económica de las universidades.
“La conferencia de las universidades ha definido cuatro objetivos de lucha (abrogación del Decreto 1126; abrogación de dos artículos de la Ley Financial, por el congelamiento del presupuesto; adhesión al pliego único de la Central Obrera Boliviana (COB); y apoyo a las demandas de la marcha del TIPNIS).
Cada universidad definirá el tipo de movilizaciones”, dijo el secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Alejandro Mostajo.
De esa forma, las medidas de los estudiantes de Medicina, en contra del Decreto 1126, serán apoyadas, además, por la comunidad universitaria con marchas y acciones en cada departamento, anticipó.
“Los estudiantes no deberían seguir con las medidas, cuando se ha ratificado el convenio docente estudiantil y el Gobierno prometió mejoras en este acuerdo. Sabemos que los médicos han estado obligando a la participación de los estudiantes”, manifestó la ministra Dávila.
En plena movilización de los universitarios y la presión de los médicos y trabajadores en salud, el país deberá afrontar, desde el miércoles, otras 72 horas de paro nacional convocado por la COB. El ente matriz determinó asumir esta medida en rechazo al decreto supremo emitido por el presidente Evo Morales que fija en Bs 1.000 el salario mínimo nacional y en 8% el incremento salarial para cuatro sectores.
“Lo que el ampliado aprobó es el paro de 72 horas que comienza el miércoles, demandando atención positiva al pliego y el punto fundamental es el de salud. Por eso, se conmina al Ejecutivo a que abrogue el Decreto 1126”, declaró ayer José Luis Delgado, secretario de Integración y Desarrollo de la COB.
Al respecto, la ministra Dávila señaló que hubo largas negociaciones con la COB que duraron más de un mes, “pero cuando no se puede llegar a un acuerdo, el Estado como tal tiene toda la tuición para acatar una política salarial que no sólo beneficia a los trabajadores de la COB, sino a todos los trabajadores del país”.
El conflicto de salud cumple hoy 41 días y pese a que el presidente Evo Morales anunció el viernes la suspensión del Decreto 1126 e hizo una convocatoria a una cumbre nacional en julio, para “revolucionar la salud”, las dirigencias de los médicos, trabajadores y universitarios no suspenderán sus medidas de presión. Exigen la abrogación de la norma.
El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Romel Pereira, sostuvo que su sector, junto con los trabajadores, continuarán con las movilizaciones hasta que se abrogue la norma de las ocho horas. “Una suspensión no cambia la esencia y por ello, junto con la COB y los universitarios fortaleceremos las medidas de presión a partir de este lunes”, dijo.
En tanto, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó ayer que la cumbre nacional, convocada por el presidente Evo Morales, para el 27 y 28 de julio, será la que determine si se abroga o se ratifica el Decreto 1126. “Si ya hemos suspendido, el decreto no se aplica, por lo tanto continúan trabajando seis horas entretanto vayamos al encuentro nacional. Si en el encuentro nacional se ratifica, que es necesario continuar con las seis horas, saldrá como conclusión preservar las seis horas”, manifestó.
Además, confirmó que representantes de la ciudadanía participarán de la cumbre, al igual que organismos internacionales.
El cuarto conflicto es la marcha del TIPNIS que partió el 27 de abril y que pide la anulación de la Ley 222, que aprobó la Asamblea Legislativa, para realizar una consulta sobre la construcción del tramo II, de una carretera que pasa por el parque Isiboro Sécure.
Ante este panorama, la Iglesia se pronunció ayer. En su homilía en la Catedral de Santa Cruz, monseñor Estanislao Dowlaszewicz exhortó a los sectores movilizados a que, junto con el Gobierno “busquen una respuesta justa, sincera, clara, a través del diálogo serio, abierto, con el deseo de llegar a la meta final y encontrar el bien común para todos”, reportó la agencia de noticias ANF.
Analistas no coinciden en el alcance de los conflictos
Las posturas de analistas políticos difieren en torno al clima que se avizora para esta semana, en la que confluyen las movilizaciones de varios sectores. La Razón conversó con dos de ellos, Elena Argirakis y Marcelo Silva.
La primera indicó que no se puede extender a todo el país lo que se siente en la ciudad de La Paz. “Encuentro que la conflictividad no es de naturaleza estructural como muchos quieren hacer ver, sino que tienen que ver con reivindicaciones sectoriales”.
Refirió que hay fundamentos como para afirmar que “la conflictividad es manejada en tiempo real por el Gobierno”, además que, en algunos casos, son el Presidente y el Vicepresidente quienes atienden en persona las demandas, “con celeridad y un nivel de conversión de éstas en respuestas políticas”, en la dimensión coyuntural y el diseño estratégico de escenarios a mediano y largo plazo.
En cambio, Silva vislumbra que “hay dos elementos que fallan entre los encargados de (atender) los conflictos en el Gobierno: dimensionar el inicio de los conflictos y desestimar mucho que éstos puedan convertirse en importantes”.
Hizo notar, por ejemplo, que el Gobierno desestimó en algún momento el tema del sector salud y que la suspensión del DS 1126 fue “una medida extemporánea”.
“Eso significa que el Gobierno tiene una mala lectura de los tiempos del conflicto, entre más se acrecientan, las soluciones tienen que ser más grandes”, dijo. Opinó que el tema de los médicos puede replicarse con la COB, transporte y otros si sigue así.
Gobierno advierte afanes políticos en las demandas
El ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, quienes en los últimos días asumieron las negociaciones con los sectores en conflicto con el Ejecutivo, advirtieron afanes políticos en las demandas.
“El Gobierno ha hecho su parte, ha tomado una decisión apoyado por los sectores sociales, que le han pedido al Presidente una política más global”; dijo Quintana al referirse a la decisión de congelar el DS 1126.
Quintana llamó a los médicos a cumplir con su misión ética y volver a los hospitales.
Pérez afirmó que se puede atender las demandas de los sectores, pero se encuentran con posturas que salen de una simple reivindicación social, hacia el ámbito político.
A su vez, Quintana señaló que “el sector salud tiene ajustes neoliberales (...) que sustituyen su compromiso de salvar vidas por una decisión política”, en tanto que la ministra Amanda Dávila indicó que “hay toda una intencionalidad política” en el conflicto médico.
Según Pérez, se trabaja de manera esforzada en todos sus ministerios y que la oposición no lo entiende de esta manera y busca desgastar al Gobierno.
“Hay una muestra clara de que (al Gobierno) le interesa tranquilizar a la población y lograr, a través del diálogo y la concertación, un clima de paz”.
La Central Obrera Boliviana (COB) ratificó ayer el paro nacional de 72 horas desde el miércoles; los médicos siguen con sus medidas y está en curso la marcha del TIPNIS.
“Considero que hay un plan detrás de todo esto (...) ante cualquier reivindicación se movilizan a fortalecerlo”, dijo Pérez.
Al igual que Quintana, solicitó a estos sectores a deponer actitudes y recordó que se envió una nota a la COB convocándola al diálogo, ya que el paro no sería acatado por varios departamentos y organizaciones.
“Creemos que las bases entienden los esfuerzos y convocamos a los dirigentes a que colaboren a pacificar el país”, sostuvo Pérez. Citó, por ejemplo, que el manejo responsable de las finanzas del país no permite un incremento salarial superior a 8%.
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